Si no se tratara de Alan García Pérez, el pueblo peruano podría haber esperado, con cierta expectativa, el discurso presidencial de Fiestas Patrias este último 28 de julio. Sin embargo, el interés fue nulo por cuanto se asistía al primer aniversario de la estafa nacional que significó elegir con fraude y por mínima diferencia a este individuo acusado de crímenes de lesa humanidad y enriquecimiento ilícito junto a la pandilla de asaltantes del Estado en el pasado y en el presente, la misma que hoy conforma la mafia alanista-fujimorista. La enorme cantidad de palabras de la verborrea presidencial no ha significado nada y nada podía significar en boca de un personaje cuyo estilo es llevar al apogeo la doble faz de una personalidad desquiciada por las bajas pasiones y los instintos criminales. A García Pérez, el criollazo mentiroso del “cambio responsable” como a Alejandro Toledo el cholo farsante del “chorreo,” nadie, absolutamente nadie, en su sano juicio les puede creer un pito, ni una sílaba ni una meta. Todo está escrito y dicho y no se necesitan nuevas oportunidades o beneficios de la duda para saber lo inalcanzable de los objetivos al 2011 pintados en el aire, sacados de la chistera del mago, sin estudios, sin presupuesto ni estadísticas precisas. Ambos, Toledo y García, recibieron el mandato imperial de imponer a sangre y fuego la continuidad del modelo neoliberal iniciado por el delincuente prófugo Alberto Fujimori, en consecuencia la distancia entre los ricos y los pobres será cada vez mayor y la esperanza de salir del hoyo nada más que un ensueño de eterna duración. Por eso mismo no vale la pena juzgar un discurso preñado de nuevas promesas, cuyo destino inmediato será el basurero de una historia ya contada; siendo, por supuesto, el aspecto más humorístico y satírico del discurso la ensalada de miles de millones de dólares de inversión y crecimiento anunciados, de donde García Pérez llega a la conclusión, muy propia de él, de reducir drásticamente la pobreza por decreto supremo: del 50% en las ciudades al 30% y como el intento de la seducción mágica continúa del 70% en el campo (medio rural) al 45%.
Además en el pomposo y redundante discurso Alan García perdió la memoria por completo y no se acordó de ninguna de sus promesas electorales de escasamente un año atrás, con lo cual reafirmó su política de entrega total a los sectores plutocráticos del país, a las empresas transnacionales mineras y de servicios, y por supuesto a la defensa de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Este ligero olvido, observado por los enemigos de la patria, lo transformó en metas triunfalistas para el 2011 llamando a un pacto social a su manera; pacto que no es otra cosa que la necesaria tregua, prolongada al infinito, para cumplir con la construcción del tercer piso del modelo neoliberal. Tregua endulzada con ridículos caramelitos como aquellos del reajuste del salario mínimo vital, el anuncio de un seguro universal de salud (sin presupuesto alguno) y el incremento de recursos para la caridad pública (programa Juntos.) O sea pidió una tregua para tomar oxígeno y venirse con todo si las papas queman. Porque para empezar, por ejemplo, el incremento del sueldo básico no beneficiará a casi nadie y resulta una artimaña propagandística buscando impacto y nada más; García Pérez sabe que el sueldo mínimo es de 500 soles, como también sabe que la población económicamente activa (PEA) es de doce millones de trabajadores de los cuales apenas figuran en planillas tres millones y fracción, siendo que de todos estos afortunados casi ninguno tiene sueldo mínimo. Entonces, el problema fundamental no es de sueldos mínimos sino de falta de empleo, de desocupación sistémica, de marginalidad y de trabajadores golondrinos y ambulantes sin derecho laboral alguno; problema fundamental que no se resuelve con “reajustes” salariales mínimos vitales de un llamado pacto social entre empresarios, gobierno y trabajadores. Una farsa más, entre las muchas acumuladas.
Alan García, envuelto en la vorágine de la protesta social del mes de julio, desesperado porque miles de miles piden su renuncia inmediata, ha pedido una tregua muy necesaria para su gobierno, en tanto y en cuanto la única verdad de su enorme palabrería ha sido “no haber corrido demasiado rápido, nos faltó velocidad” –dijo- cuando se refirió a que él prometió hacer en seis meses los primeros cambios (no hizo ninguno de los cambios ofrecidos pero sí consolidó su alianza con la ultraderecha y el fujimorismo revivido) y dos años para ver los resultados (los veremos si lo dejamos completar el modelo neoliberal con la imposición del TLC con Estados Unidos y repletarse los bolsillos con su gente.) Sí, es cierto, evidentemente le faltó velocidad para embestir con éxito e imponer en el país un régimen autocrático y tirano en nombre de la ley y el sistema democrático; o mejor dicho empeño y velocidad poseyó pero no contó con la valiente respuesta del movimiento popular expresada por las federaciones, los sindicatos y los frentes regionales. Recordemos que a principios de año abogó desaforadamente, casi frenético, por la pena de muerte; luego cuando enfrentó el paro nacional de la CGTP, el SUTEP y los gremios agrarios, los días once y doce de julio, soltó el decreto supremo 060-2007 PCM declarando la guerra a los trabajadores y pobladores con el ejército en las calles; después insultó a los maestros como le vino en gana e impuso la ley de la carrera magisterial sin discusión en el Congreso y, aprovechó el laberinto por él mismo creado para lanzar los inconstitucionales decretos legislativos de represalia a las autoridades regionales y municipales; y de licencia para matar, exonerando de responsabilidad penal a las fuerzas militares y policiales que cometan asesinatos públicos durante las marchas y manifestaciones populares. ¿Se puede dialogar con energúmeno de esta naturaleza cuando pide una engañosa tregua para darse oxígeno y seguir agrediendo vía “legal” a los trabajadores y pobladores? ¿Se puede creer en las disculpas a los maestros sin prometer revisar la malhadada ley de la carrera magisterial? ¿Se puede hablar de pacto social mientras aceleradamente avanza el modelo económico neoliberal de las desgracias, la miseria y el hambre en el país?
Justamente por todo aquello, no interesa a nadie el discurso del parloteo incesante sino las intenciones del gobierno alanista. No interesan las palabras devaluadas de García Pérez sino los hechos concretos de la realidad política en la dirección de establecer un gobierno policiaco-represivo mientras los llamados al “pacto social” son una mascarada para perfeccionar la conocida mecedora del fracasado Acuerdo Nacional, el Consejo Nacional de Trabajo, el Consejo Nacional de Competitividad, las Mesas de Negociaciones Regionales, etc. y cuantos mecanismos de engaño público se han establecido y quieren seguir estableciéndose con tal que los “dejen gobernar” “o los dejen trabajar” como repetía Alejandro Toledo. El pacto social ya lo intentó Alan García antes del enorme error de quienes votaron por él, permitiéndole el fraude electoral y mediático que lo sentó precariamente en palacio de gobierno; pacto social preelectoral que apenas reunió a los degenerados políticos de siempre y a dos célebres militares retirados de conocida actuación criminal como Luis Giampetri, actual vicepresidente y Benedicto Jiménez, el fracasado “sheriff” aspirante a alcalde y defenestrado jefe, por corrupto, del INPE.
No se puede pisar el palito dos veces. La tregua pedida por García Pérez significa un gastado ardid a fin de continuar con sus atropellos, inclusive con los de reprimir ilegalmente a los presidentes regionales y alcaldes del interior del país mediante el inventado cargo penal de “extorsión” con el cual piensa deshacerse de los representantes, elegidos democráticamente, críticos a su gobierno de promesas incumplidas y de la estafa nacional llamada el “cambio responsable.” Olvida García Pérez que los presidentes regionales y los alcaldes se deben a sus electores y por consiguiente la única destitución posible compete a ellos o a la censura del consejo regional; así como la destitución de él compete al Congreso de la República o a la huelga general nacional que exija su renuncia por traición e incompetencia en el cargo. Además esa figura de “extorsión” no se ha dado ni se puede dar, pues en ningún momento las autoridades elegidas se han puesto de huelga y lo único que han hecho es opinar y defender el derecho de los trabajadores a las paralizaciones, las protestas y los reclamos ante los engaños consumados del gobierno central. La verdad es que a raíz de los inconstitucionales decretos de “inhabilitar” autoridades elegidas y autorizar a los militares y policías a matar sin mayor control y responsabilidad penal, Alan García demuestra una vez más sus ofuscaciones y su amor por la muerte de inocentes como ocurrió en su primer gobierno. Entonces la tregua se inscribe en el diseño de la revancha que piensa tomar debido a su minúscula representatividad (encuestas de opinión que rechazan su gobierno de norte a sur y de este a oeste;) y al mismo tiempo esa tregua cohabita en las intenciones represivas del gobierno que dirige; pues los discursos aguantan de todo, bonanzas que se las lleva el viento. La represión general avisada, con decretos legislativos de por medio, no mencionada en el amplio discurso, aunque evidente en el autoritarismo hasta ahora desarrollado lo dicen todo.
Las cartas están echadas. No cabe la menor duda respecto a las intenciones del régimen de García Pérez tratando de aplicar al pie de la letra los planes y proyectos elaborados en la Casa Blanca con el TLC y la consolidación del modelo neoliberal de la globalización que fracasó para los pobres de Chile con Augusto Pinochet; para los pobres de Argentina con Carlos Menem; para los pobres de Bolivia con Sánchez de Losada; para los pobres del Perú con Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y ahora con el alanismo desbocado que quiere, bajo amenaza, colocar a los gobiernos regionales como muros de contención frente a la protesta social y la oposición a los planes de entregar el porvenir del país a manos extranjeras. De esta suerte, no cabe conciliación con un gobierno enemigo de las mayorías nacionales, no cabe negociación, no cabe el consenso, no caben ni acuerdos nacionales ni ningún otro mecanismo de refrescar a García Pérez para que luego con mayor fuerza aplaste al 75% de los ciudadanos que según las encuestas están en contra de su gobierno.
Papel de los intelectuales
En este contexto de la realidad peruana, el papel de los intelectuales “progresistas” es no solo nefasto sino pernicioso. No debemos olvidar que todos ellos ayudaron a Alan García para que repitiera el plato en palacio de gobierno, a sabiendas de sus latrocinios y crímenes de lesa humanidad. No debemos olvidar que prefirieron defender el Estado putrefacto con quien sea a la cabeza menos el comandante Ollanta Humala, un líder improvisado, es cierto, empujado por las fuerzas nacionalistas y antisistema aunque no se diera cuenta de la responsabilidad que asumía y llevara al Congreso parte de la escoria de la clase política tradicional. La historia es reciente y el comportamiento de estos analistas políticos “progresistas” es el mismo; y peor aún cuando alientan nuevamente el pacto social y el fracasado Acuerdo Nacional como si el país fuera un ente estático, estancado e inmutable. Estos elementos como el sociólogo Julio Cotler que insiste en la tontería de que los conflictos sociales se generan por el crecimiento económico y no por la desigualdad y la exclusión que no quiere ver, y que además le echa la culpa de la traición del gobierno alanista a los gobiernos regionales por su falta de capacidad para administrar (¿?) sabiendo de la existencia endémica de la corrupción centralizada; o como Sinesio López o Degregori que se quedan siempre en el “sabio” análisis para no proponer nada y creer que han sido escuchados para ser llamados por el gobierno de turno como cuando Toledo le dio ocupación a uno de ellos; o como ese japonesito Martín Tanaka (discípulo de Cotler,) especie de Fujimori en sus comienzos, haciendo méritos de político diestro, cuando dice percibir en el mensaje presidencial “un poderoso sentido común, cada vez más consolidado, sobre el cuál debería ser el rumbo del país.” ¿Tendrá este analista del IEP el sentido común invertido? Parece que sí, porque no de otra manera se entiende el aplauso resuelto al insólito discurso demagógico de Alan García y sobre todo a la teoría del “chorreo” y conste que no inventamos nada. Mejor veamos las propias palabras del japonesito Tanaka, hasta injuriosas para los peruanos autóctonos, a quienes con unos vocablos más procuraría borrarlos del mapa por ser elementos premodernos; aquí va el descaro de japonesito de marras: “el país vive una coyuntura excepcional, que no podemos darnos el lujo de desaprovechar; la economía crece, pero podría crecer mucho más. Para ello hay que mantener el modelo económico y no poner trabas a la inversión privada. Sí existe 'chorreo': no se percibe por un problema de comunicación; puede no ser suficiente ahora, pero lo será si seguimos creciendo. Mientras tanto, cuidado con quienes pueden torpedear el proceso: distintos grupos 'ultras', amparados por algunas ONG y algunas autoridades locales y regionales. Estos grupos, a pesar de su aislamiento, son peligrosos, en tanto pueden manipular a masas todavía receptivas a discursos demagógicos; en ocasiones, se trata de masas premodernas, como los campesinos que se oponen a la minería porque "adoran a los apus". A esa gente hay que, simplemente, 'civilizarla'. Como estrategia de contención, habría que evitar que todos los conflictos vayan directo de las localidades al Gobierno Central: los presidentes de región tienen que 'mojarse'. Como vemos el pensamiento de este otro samurai criollo es típicamente racista llamando a los campesinos peruanos no solamente primitivos por sus costumbres ancestrales de los Apus sino salvajes que hay que civilizar. Sorprendido como estoy, me queda la curiosidad de saber qué pensará este analista “progresista” del presidente boliviano Evo Morales.
Ante tales evidencias retrógradas en el contexto de la realidad peruana, extensiva a la situación latinoamericana del proceso de cambio hacia la izquierda, los intelectuales y analistas políticos clasistas y marxistas debemos actuar y participar en el desenmascaramiento del gran número de contrabandistas políticos e ideológicos existentes, todos ellos disfrazados de progresistas o de izquierda como a sí mismo se llaman para defender el sistema putrefacto de los Estados tradicionales. Observemos de cerca su actuación y comprobaremos la protección al sistema desde una imaginaria otra orilla cuando la única diferencia entre Alan García y ellos, es la misma que podría existir entre una bizcocho en bruto y otro decorado. Es tarea de la izquierda clasista iniciar el debate contra estos elementos “progresistas” sin descuidar el frente principal de la lucha contra el gobierno y el sistema de la corrupción y la inmoralidad. Dejemos las ilustradas discusiones del carácter de la revolución socialista para más tarde.
Además en el pomposo y redundante discurso Alan García perdió la memoria por completo y no se acordó de ninguna de sus promesas electorales de escasamente un año atrás, con lo cual reafirmó su política de entrega total a los sectores plutocráticos del país, a las empresas transnacionales mineras y de servicios, y por supuesto a la defensa de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Este ligero olvido, observado por los enemigos de la patria, lo transformó en metas triunfalistas para el 2011 llamando a un pacto social a su manera; pacto que no es otra cosa que la necesaria tregua, prolongada al infinito, para cumplir con la construcción del tercer piso del modelo neoliberal. Tregua endulzada con ridículos caramelitos como aquellos del reajuste del salario mínimo vital, el anuncio de un seguro universal de salud (sin presupuesto alguno) y el incremento de recursos para la caridad pública (programa Juntos.) O sea pidió una tregua para tomar oxígeno y venirse con todo si las papas queman. Porque para empezar, por ejemplo, el incremento del sueldo básico no beneficiará a casi nadie y resulta una artimaña propagandística buscando impacto y nada más; García Pérez sabe que el sueldo mínimo es de 500 soles, como también sabe que la población económicamente activa (PEA) es de doce millones de trabajadores de los cuales apenas figuran en planillas tres millones y fracción, siendo que de todos estos afortunados casi ninguno tiene sueldo mínimo. Entonces, el problema fundamental no es de sueldos mínimos sino de falta de empleo, de desocupación sistémica, de marginalidad y de trabajadores golondrinos y ambulantes sin derecho laboral alguno; problema fundamental que no se resuelve con “reajustes” salariales mínimos vitales de un llamado pacto social entre empresarios, gobierno y trabajadores. Una farsa más, entre las muchas acumuladas.
Alan García, envuelto en la vorágine de la protesta social del mes de julio, desesperado porque miles de miles piden su renuncia inmediata, ha pedido una tregua muy necesaria para su gobierno, en tanto y en cuanto la única verdad de su enorme palabrería ha sido “no haber corrido demasiado rápido, nos faltó velocidad” –dijo- cuando se refirió a que él prometió hacer en seis meses los primeros cambios (no hizo ninguno de los cambios ofrecidos pero sí consolidó su alianza con la ultraderecha y el fujimorismo revivido) y dos años para ver los resultados (los veremos si lo dejamos completar el modelo neoliberal con la imposición del TLC con Estados Unidos y repletarse los bolsillos con su gente.) Sí, es cierto, evidentemente le faltó velocidad para embestir con éxito e imponer en el país un régimen autocrático y tirano en nombre de la ley y el sistema democrático; o mejor dicho empeño y velocidad poseyó pero no contó con la valiente respuesta del movimiento popular expresada por las federaciones, los sindicatos y los frentes regionales. Recordemos que a principios de año abogó desaforadamente, casi frenético, por la pena de muerte; luego cuando enfrentó el paro nacional de la CGTP, el SUTEP y los gremios agrarios, los días once y doce de julio, soltó el decreto supremo 060-2007 PCM declarando la guerra a los trabajadores y pobladores con el ejército en las calles; después insultó a los maestros como le vino en gana e impuso la ley de la carrera magisterial sin discusión en el Congreso y, aprovechó el laberinto por él mismo creado para lanzar los inconstitucionales decretos legislativos de represalia a las autoridades regionales y municipales; y de licencia para matar, exonerando de responsabilidad penal a las fuerzas militares y policiales que cometan asesinatos públicos durante las marchas y manifestaciones populares. ¿Se puede dialogar con energúmeno de esta naturaleza cuando pide una engañosa tregua para darse oxígeno y seguir agrediendo vía “legal” a los trabajadores y pobladores? ¿Se puede creer en las disculpas a los maestros sin prometer revisar la malhadada ley de la carrera magisterial? ¿Se puede hablar de pacto social mientras aceleradamente avanza el modelo económico neoliberal de las desgracias, la miseria y el hambre en el país?
Justamente por todo aquello, no interesa a nadie el discurso del parloteo incesante sino las intenciones del gobierno alanista. No interesan las palabras devaluadas de García Pérez sino los hechos concretos de la realidad política en la dirección de establecer un gobierno policiaco-represivo mientras los llamados al “pacto social” son una mascarada para perfeccionar la conocida mecedora del fracasado Acuerdo Nacional, el Consejo Nacional de Trabajo, el Consejo Nacional de Competitividad, las Mesas de Negociaciones Regionales, etc. y cuantos mecanismos de engaño público se han establecido y quieren seguir estableciéndose con tal que los “dejen gobernar” “o los dejen trabajar” como repetía Alejandro Toledo. El pacto social ya lo intentó Alan García antes del enorme error de quienes votaron por él, permitiéndole el fraude electoral y mediático que lo sentó precariamente en palacio de gobierno; pacto social preelectoral que apenas reunió a los degenerados políticos de siempre y a dos célebres militares retirados de conocida actuación criminal como Luis Giampetri, actual vicepresidente y Benedicto Jiménez, el fracasado “sheriff” aspirante a alcalde y defenestrado jefe, por corrupto, del INPE.
No se puede pisar el palito dos veces. La tregua pedida por García Pérez significa un gastado ardid a fin de continuar con sus atropellos, inclusive con los de reprimir ilegalmente a los presidentes regionales y alcaldes del interior del país mediante el inventado cargo penal de “extorsión” con el cual piensa deshacerse de los representantes, elegidos democráticamente, críticos a su gobierno de promesas incumplidas y de la estafa nacional llamada el “cambio responsable.” Olvida García Pérez que los presidentes regionales y los alcaldes se deben a sus electores y por consiguiente la única destitución posible compete a ellos o a la censura del consejo regional; así como la destitución de él compete al Congreso de la República o a la huelga general nacional que exija su renuncia por traición e incompetencia en el cargo. Además esa figura de “extorsión” no se ha dado ni se puede dar, pues en ningún momento las autoridades elegidas se han puesto de huelga y lo único que han hecho es opinar y defender el derecho de los trabajadores a las paralizaciones, las protestas y los reclamos ante los engaños consumados del gobierno central. La verdad es que a raíz de los inconstitucionales decretos de “inhabilitar” autoridades elegidas y autorizar a los militares y policías a matar sin mayor control y responsabilidad penal, Alan García demuestra una vez más sus ofuscaciones y su amor por la muerte de inocentes como ocurrió en su primer gobierno. Entonces la tregua se inscribe en el diseño de la revancha que piensa tomar debido a su minúscula representatividad (encuestas de opinión que rechazan su gobierno de norte a sur y de este a oeste;) y al mismo tiempo esa tregua cohabita en las intenciones represivas del gobierno que dirige; pues los discursos aguantan de todo, bonanzas que se las lleva el viento. La represión general avisada, con decretos legislativos de por medio, no mencionada en el amplio discurso, aunque evidente en el autoritarismo hasta ahora desarrollado lo dicen todo.
Las cartas están echadas. No cabe la menor duda respecto a las intenciones del régimen de García Pérez tratando de aplicar al pie de la letra los planes y proyectos elaborados en la Casa Blanca con el TLC y la consolidación del modelo neoliberal de la globalización que fracasó para los pobres de Chile con Augusto Pinochet; para los pobres de Argentina con Carlos Menem; para los pobres de Bolivia con Sánchez de Losada; para los pobres del Perú con Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y ahora con el alanismo desbocado que quiere, bajo amenaza, colocar a los gobiernos regionales como muros de contención frente a la protesta social y la oposición a los planes de entregar el porvenir del país a manos extranjeras. De esta suerte, no cabe conciliación con un gobierno enemigo de las mayorías nacionales, no cabe negociación, no cabe el consenso, no caben ni acuerdos nacionales ni ningún otro mecanismo de refrescar a García Pérez para que luego con mayor fuerza aplaste al 75% de los ciudadanos que según las encuestas están en contra de su gobierno.
Papel de los intelectuales
En este contexto de la realidad peruana, el papel de los intelectuales “progresistas” es no solo nefasto sino pernicioso. No debemos olvidar que todos ellos ayudaron a Alan García para que repitiera el plato en palacio de gobierno, a sabiendas de sus latrocinios y crímenes de lesa humanidad. No debemos olvidar que prefirieron defender el Estado putrefacto con quien sea a la cabeza menos el comandante Ollanta Humala, un líder improvisado, es cierto, empujado por las fuerzas nacionalistas y antisistema aunque no se diera cuenta de la responsabilidad que asumía y llevara al Congreso parte de la escoria de la clase política tradicional. La historia es reciente y el comportamiento de estos analistas políticos “progresistas” es el mismo; y peor aún cuando alientan nuevamente el pacto social y el fracasado Acuerdo Nacional como si el país fuera un ente estático, estancado e inmutable. Estos elementos como el sociólogo Julio Cotler que insiste en la tontería de que los conflictos sociales se generan por el crecimiento económico y no por la desigualdad y la exclusión que no quiere ver, y que además le echa la culpa de la traición del gobierno alanista a los gobiernos regionales por su falta de capacidad para administrar (¿?) sabiendo de la existencia endémica de la corrupción centralizada; o como Sinesio López o Degregori que se quedan siempre en el “sabio” análisis para no proponer nada y creer que han sido escuchados para ser llamados por el gobierno de turno como cuando Toledo le dio ocupación a uno de ellos; o como ese japonesito Martín Tanaka (discípulo de Cotler,) especie de Fujimori en sus comienzos, haciendo méritos de político diestro, cuando dice percibir en el mensaje presidencial “un poderoso sentido común, cada vez más consolidado, sobre el cuál debería ser el rumbo del país.” ¿Tendrá este analista del IEP el sentido común invertido? Parece que sí, porque no de otra manera se entiende el aplauso resuelto al insólito discurso demagógico de Alan García y sobre todo a la teoría del “chorreo” y conste que no inventamos nada. Mejor veamos las propias palabras del japonesito Tanaka, hasta injuriosas para los peruanos autóctonos, a quienes con unos vocablos más procuraría borrarlos del mapa por ser elementos premodernos; aquí va el descaro de japonesito de marras: “el país vive una coyuntura excepcional, que no podemos darnos el lujo de desaprovechar; la economía crece, pero podría crecer mucho más. Para ello hay que mantener el modelo económico y no poner trabas a la inversión privada. Sí existe 'chorreo': no se percibe por un problema de comunicación; puede no ser suficiente ahora, pero lo será si seguimos creciendo. Mientras tanto, cuidado con quienes pueden torpedear el proceso: distintos grupos 'ultras', amparados por algunas ONG y algunas autoridades locales y regionales. Estos grupos, a pesar de su aislamiento, son peligrosos, en tanto pueden manipular a masas todavía receptivas a discursos demagógicos; en ocasiones, se trata de masas premodernas, como los campesinos que se oponen a la minería porque "adoran a los apus". A esa gente hay que, simplemente, 'civilizarla'. Como estrategia de contención, habría que evitar que todos los conflictos vayan directo de las localidades al Gobierno Central: los presidentes de región tienen que 'mojarse'. Como vemos el pensamiento de este otro samurai criollo es típicamente racista llamando a los campesinos peruanos no solamente primitivos por sus costumbres ancestrales de los Apus sino salvajes que hay que civilizar. Sorprendido como estoy, me queda la curiosidad de saber qué pensará este analista “progresista” del presidente boliviano Evo Morales.
Ante tales evidencias retrógradas en el contexto de la realidad peruana, extensiva a la situación latinoamericana del proceso de cambio hacia la izquierda, los intelectuales y analistas políticos clasistas y marxistas debemos actuar y participar en el desenmascaramiento del gran número de contrabandistas políticos e ideológicos existentes, todos ellos disfrazados de progresistas o de izquierda como a sí mismo se llaman para defender el sistema putrefacto de los Estados tradicionales. Observemos de cerca su actuación y comprobaremos la protección al sistema desde una imaginaria otra orilla cuando la única diferencia entre Alan García y ellos, es la misma que podría existir entre una bizcocho en bruto y otro decorado. Es tarea de la izquierda clasista iniciar el debate contra estos elementos “progresistas” sin descuidar el frente principal de la lucha contra el gobierno y el sistema de la corrupción y la inmoralidad. Dejemos las ilustradas discusiones del carácter de la revolución socialista para más tarde.
Carlos Angulo Rivas
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