No es difícil estar de acuerdo con gran parte de los análisis críticos sobre el caso Majaz y los distritos de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera, en Piura, ya sean los de Campónico o Lynch, entre otros, o los numerosos recientes pronunciamientos disidentes emitidos por organizaciones sociales u ONG. Pocas veces los no oficialistas han alcanzado tan nivel de unanimidad e interés en lo socioambiental (salvo los hoy poco recordados casos de Tambogrande, en Piura también, y el cerro Quilish, en Cajamarca), y esto quizá habría que agradecérselo al gobierno aprista y su cohorte de medios de “información” y funcionarios “públicos”. Pues, paradójicamente, tratando de restringirla y satanizarla, pocas veces hicieron tanto por fortalecer la participación ciudadana como ahora.
Tampoco es difícil dudar de la existencia plenamente real de eso que llaman "minería responsable" (social o ambientalmente), o de lo que pueda significar la "responsabilidad" para una empresa minera, por más nueva o moderna que se considere (a diferencia de la "vieja minería", la supuestamente irresponsable por antonomasia desde larga data). Ello por más que los señores de la Sociedad Nacional de Minería se llenen la boca con esos dichosos conceptos en cuanta tribuna puedan, sino preguntémosles qué hicieron para que Doe Run Perú, recientemente multada con 210 UIT por el mismo Estado, cumpliera con sus obligaciones en la contaminadísima La Oroya, Junín (de nuevo, al igual que el 2006, entre las ciudades más invivibles del planeta, según el Instituto Blacksmith de Nueva York). Menos difícil es dudar de eso hoy, el gran día de la consagración de la legal y legitima participación ciudadana en Piura, enmarcada nada menos que dentro de un tema tan candente económica, política y socialmente para todos (Estado, empresa y sociedad) como el de los conflictos socioambientales en minería e industrias extractivas. Esos conflictos que para el Poder (el oficial, no el nacido desde más abajo) son sinónimo de complot, atraso y oscurantismo, frente a los cacareados progreso y oportunidades que brindaría el floreciente mercado mundial de commodities, como nuestros metales de exportación.
Lo que hoy ocurra marcará un hito en el difícil, desafiante y hasta reculante (por muchas razones) proceso de construcción de una mejor y mayor democracia, esa que apellidan hoy participativa, vital complemento de la más conocida y cuestionada democracia representativa quinquenal. Y como también ya está demostrado (menos para el gobierno, los mineros y los medios oficialistas) que crecimiento económico (menos si está tan basado en la minería) no es desarrollo, que democracia no es solo votar cada cinco o cuatro años y que ser crítico de la inversión minera sí o sí no es ser antiminero a ultranza o enemigo del desarrollo nacional y local, esperemos que hoy la sangre de nuestros hermanos campesinos (intimidados durante semanas descaradamente por diversos aparatos del Estado) no llegue al río y que la voluntad de los opositores a Majaz sea respetada, al menos por ahora, en su derecho de opinar sobre un polémico (sino intrusivo) proyecto minero. Y que su ejemplo combativo inspire y permita el fortalecimiento de otras colectividades peruanas, sobre todo andinas (ojalá entre ellas algún día no muy lejano La Oroya), cuyos derechos, sea a la propiedad, la salud o al desarrollo local sostenible, están siendo amenazados o afectados por la pretendidamente prométeica “nueva” minería-metalurgia y un supuesto proyecto nacional de desarrollo, tan primario exportador o cortoplacista como siempre.
En conclusión, a partir de hoy, nada volverá a ser lo mismo en lo político, social y económico, aunque aún nos espera un largo camino por desprivatizar y despatrimonializar al Estado, para ponerlo de verdad al servicio de lo público y lo social-ambiental, y no sólo al de los grandes capitales y empresarios, nacionales o extranjeros, sobre todo mineros o petroleros. Por lo pronto, sigamos acercándonos de a pocos al famoso Vox populi, vox Dei, así como apoyando y fortaleciendo ese proceso, sobre todo en las zonas más vulnerables y alejadas.
Raúl Chacón
Tampoco es difícil dudar de la existencia plenamente real de eso que llaman "minería responsable" (social o ambientalmente), o de lo que pueda significar la "responsabilidad" para una empresa minera, por más nueva o moderna que se considere (a diferencia de la "vieja minería", la supuestamente irresponsable por antonomasia desde larga data). Ello por más que los señores de la Sociedad Nacional de Minería se llenen la boca con esos dichosos conceptos en cuanta tribuna puedan, sino preguntémosles qué hicieron para que Doe Run Perú, recientemente multada con 210 UIT por el mismo Estado, cumpliera con sus obligaciones en la contaminadísima La Oroya, Junín (de nuevo, al igual que el 2006, entre las ciudades más invivibles del planeta, según el Instituto Blacksmith de Nueva York). Menos difícil es dudar de eso hoy, el gran día de la consagración de la legal y legitima participación ciudadana en Piura, enmarcada nada menos que dentro de un tema tan candente económica, política y socialmente para todos (Estado, empresa y sociedad) como el de los conflictos socioambientales en minería e industrias extractivas. Esos conflictos que para el Poder (el oficial, no el nacido desde más abajo) son sinónimo de complot, atraso y oscurantismo, frente a los cacareados progreso y oportunidades que brindaría el floreciente mercado mundial de commodities, como nuestros metales de exportación.
Lo que hoy ocurra marcará un hito en el difícil, desafiante y hasta reculante (por muchas razones) proceso de construcción de una mejor y mayor democracia, esa que apellidan hoy participativa, vital complemento de la más conocida y cuestionada democracia representativa quinquenal. Y como también ya está demostrado (menos para el gobierno, los mineros y los medios oficialistas) que crecimiento económico (menos si está tan basado en la minería) no es desarrollo, que democracia no es solo votar cada cinco o cuatro años y que ser crítico de la inversión minera sí o sí no es ser antiminero a ultranza o enemigo del desarrollo nacional y local, esperemos que hoy la sangre de nuestros hermanos campesinos (intimidados durante semanas descaradamente por diversos aparatos del Estado) no llegue al río y que la voluntad de los opositores a Majaz sea respetada, al menos por ahora, en su derecho de opinar sobre un polémico (sino intrusivo) proyecto minero. Y que su ejemplo combativo inspire y permita el fortalecimiento de otras colectividades peruanas, sobre todo andinas (ojalá entre ellas algún día no muy lejano La Oroya), cuyos derechos, sea a la propiedad, la salud o al desarrollo local sostenible, están siendo amenazados o afectados por la pretendidamente prométeica “nueva” minería-metalurgia y un supuesto proyecto nacional de desarrollo, tan primario exportador o cortoplacista como siempre.
En conclusión, a partir de hoy, nada volverá a ser lo mismo en lo político, social y económico, aunque aún nos espera un largo camino por desprivatizar y despatrimonializar al Estado, para ponerlo de verdad al servicio de lo público y lo social-ambiental, y no sólo al de los grandes capitales y empresarios, nacionales o extranjeros, sobre todo mineros o petroleros. Por lo pronto, sigamos acercándonos de a pocos al famoso Vox populi, vox Dei, así como apoyando y fortaleciendo ese proceso, sobre todo en las zonas más vulnerables y alejadas.
Raúl Chacón
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