Para que la democracia sea más que una declaración de “principios electoreros”, es necesario que trascienda, como forma de vida en la que todos los ciudadanos y ciudadanas sean participes del desarrollo institucional, con equidad y justicia.
Por Alvaro Arnoldo Araya Alpízar
Por Alvaro Arnoldo Araya Alpízar
En estos días se ha puesto de moda el tema del análisis de los sistemas políticos, y los amigos de expatriar a los que piensan diferente, hacen comparaciones acerca de las calidades del sistema democrático y las dictaduras, haciendo alusión directa preferentemente a los regimenes de extrema izquierda, tipo “comunista-socialista”.
Y como de desinformar es el asunto, cuando se cuestiona el funcionamiento de las instituciones democráticas, lo primero que hacen los dizque defensores de la democracia, es tildar a quienes les preocupa el funcionamiento de las mismas, como “antisistema”, o mejor dicho por la propaganda oficial, producto de respuestas locales ante “influencias malévolas” de Estados y personas seguidoras de las corrientes ideológicas de la “extrema izquierda”, tipo Ortega, Correa, Morales o Chavez-Castro. ¡Todos tienen en común que cuestionan la “muy noble, pacífica, justa y solidaria” política exterior del “paladín de la democracia”, el Señor de Señores del Bien, “el Señor Bush”!
Luego de tanto odio y “veneno comunista o antisistema” implantado por los Arias, pareciera que las “instituciones democráticas”, en nombre del deber de aceptar el destino histórico que nos impone el neoliberalismo y su globalización de la injusticia, se convierten en sujetos de obediencia ciega, tanto que, pasan a ser más importantes que los ciudadanos y ciudadanas, delegantes del Poder de decidir, en estricto apego a los principios de libertad y justicia. Al respecto y como de construir es el asunto, permítanme señalar algunas inconsistencias a quines descalifican, como demócratas, a los que criticamos las actuaciones de las instituciones democráticas:
Afirmación falsa de que un gobierno es democrático per se, por su surgimiento a partir de un proceso electoral. Afirmación falsa de que las decisiones de las instituciones democráticas son irrebatibles porque sus magistrados y funcionarios fueron designados conforme a ley, o actúan en el marco de sus competencias constitucionales y legales.
Afirmación falsa de que toda constitución y marco legal en un “país democrático” garantiza la libertad, la justicia y la equidad, por todos esperada.
Contradicción si las elecciones y el marco constitucional-legal dan fé de lo democrático y justo de un “sistema democrático”, entonces Adolfo Hitler , Hugo Chávez Frías y cualquier otro gobernante que utilice el Poder obtenido mediante elecciones democráticas, para apropiarse de las instituciones, en nombre de la Constitución y las leyes, modificándolas y utilizándolas su antojo, por si solos o con la ayuda de otros grupos políticos, económicos o sociales, puede hacerse llamar demócrata. Omisión del análisis de los preceptos constitucionales, las leyes específicas y en particular la forma como se eligen a los responsables institucionales, desde la perspectiva de la influencia de los Partidos Políticos, intereses personales y grupos de presión socio-económicos. Omisión de la prueba que demuestra que allegados de los Arias han sido nombrados en instituciones pilares del sistema democrático bajo el esquema de acuerdos políticos, entre los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana (hoy, también, del Movimiento Libertario y otros partidos minoritarios).
Afirmación según la cual se puede garantizar la neutralidad de las instituciones, cuando en ellas deciden sobre asuntos de intereses de los gobernantes y sus allegados, personas directamente relacionadas con sus Partidos, empresas, familias, socios y amigos.
Negación de la neutralidad de los y las gobernantes, principalmente del presidente, cuando el poder de legislar es traslado a los ciudadanos, con base en el instrumento del referéndum.
Fracaso al justificar los alcances del Reglamento del Referéndum, cuando de la aplicación del Código Electoral se trata, ya que en contrario a lo que el primero indica, se ha hecho norma el utilizar el Código única y exclusivamente, cuando favorece los intereses de los Arias y sus allegados, y cuando no es así, se procede a dar interpretaciones antojadizas, o inventar nuevas normas.
Contradicción según la cual el Presidente, Ministros, Viceministros y presidentes de las instituciones autónomas pueden utilizar recursos públicos, según criterios de discrecionalidad y racionalidad aplicables a la Administración Pública General, cuando lo sujeto de discusión es un proceso con todas las características institucionales, según el Reglamento de Referéndum, de un proceso electoral (dadas las referencias y participación de los Partidos Políticos).
Contradicción según la cual existen dos tipos de empleados públicos, los así llamados por la Procuraría General de la República Los Gobernantes y todos los demás, con las consecuentes definiciones y limites desiguales en el uso discrecional-racional de los recursos públicos en el proceso de referéndum.
Afirmación falsa de que se garantiza la libertad de expresión equitativa en los medios de comunicación y que el país garantiza el uso equitativo de los mismos y el pluralismo ideológico
Afirmación falsa de que los medios de comunicación son justos, equitativos e imparciales y contribuyen en el proceso de formación político-ciudadana, cuando la gran mayoría de estos pertenecen a los Arias y sus allegados, e que inclusive, cuando menos un representante de cada uno de los principales medios ocupa puestos de gobierno en la actual Administración Arias.
Negación de la Institucionalidad del Referéndum, cuando los Arias y demás miembros del Partido Único Neoliberal, confirmado por la mayoría mecánica de los 38 en la Asamblea Legislativa, afirman que las Leyes de Implementación del TLC, seguirán el trámite legislativo se apruebe el mismo o no en el Referéndum.
Afirmación tendenciosa de lo nocivo que representa para la democracia el cuestionamiento de las instituciones, cuando uno de sus principios básicos es el poder ciudadano, es decir el derecho del pueblo a cuestionar los funcionamientos institucionales y sus gobernantes, e inclusive a darse el tipo de gobierno que responda a sus intereses y necesidades.
Contradicción al mencionar las diferencias ideológicas, en relación con tipo de proyecto país a que aspiran diferentes ciudadanos, como una características de los “antisistema” o “antidemocráticos”.
Contradicción, según la cual los cuestionamientos al Tribunal Supremo de Elecciones, por sus actuaciones, carecen de fundamento, cuando una y otras veces, al tenor de intereses particulares o grupos políticos emiten interpretaciones, cuando inclusive eliminan la obligatoriedad de determinados instrumentos, para dar por válido uno u otro proceso electoral.
Omisión de todas las pruebas por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, que sugirieron el último proceso electoral la existencia de un fraude, cuando se “dieron por desaparecidas actas de recintos” y “padrones electorales”, y en su lugar se dieron como validas las elecciones, a partir de las papeletas de voto.
Omisión de las pruebas de beligerancia activa de los Arias en el proceso de referéndum, mediante y con la utilización de recursos públicos, tanto para realizar su trabajo de propaganda, como para comprometer el voto de los ciudadanos y ciudadanas.
Negación de la discusión como pilar de la democracia, al negarse el hoy Presiente de la República, antes, después y ahora a discutir el TLC, ante los ciudadanos y ciudadanas, con otros costarricenses apuestos a él.
Negación de la autonomía universitaria y de los principios de autodeterminación administrativa en el uso de recursos de los recursos asignados por el Estado, en razón de que las mayorías universitarias cuestionan a los y las gobernantes.
Omisión del testimonio de las personas objeto de represión policial, cuando se tratan de encubrir a los agresores o se descalifica la validez de los testimonios de los ofendidos.
Omisión de pruebas para respaldar la afirmación según la cual los responsables de la coordinación y organización de la Coordinadora Nacional del No al Referéndum responden a intereses externos y que inclusive reciben financiamiento de esos agentes.
Contracción entre los llamados a la paz, la armonía y la tolerancia mientras, con la ayuda de los medios de comunicación se desarrolla una campaña nacional de difamación, insulto y odio contra quienes se oponen al actual Proyecto de TLC.
En nombre del respeto de las instituciones democráticas, los Arias y sus allegados, hacen de la democracia un sistema cuya institucionalidad es incuestionable, y en consecuencia estática en el tiempo y el espacio. Afirman que el equilibrio entre los Poderes y su control mutuo, así como la plena vigencia del Estado de Derecho, se puede garantizar a partir de la “confianza” o principio de “buena fe”, inclusive si quienes toman las decisiones son ciudadanos y ciudadanas de reconocida trayectoria, compromisos y lazos con los y las gobernantes, y sus intereses.
La negación del derecho ciudadano de vivir la democracia, y en consecuencia, como construcción permanente, en nada se diferencia del concepto de democracia empleado por regimenes totalitarios de derecha e izquierda, así como de otros muchos dictadores en distintas partes del mundo que, inclusive, llamaron a las repúblicas objeto de gobierno Repúblicas Democráticas.
Vivir la democracia y observar sus instituciones con la certeza de que son perfectibles, moldeables y por tanto, “sujetos de aprendizaje”, a partir de la experiencia y el conocimiento de las organizaciones políticas, económicas, sociales y culturales debe ser, más que una “aspiración reprochable socialmente”, un derecho político de todos los ciudadanos. Esto por cuanto, el derecho a discutir en libertad, constituye la base y el fundamento, para vivir en paz y libertad, sin sentir que la justicia y la equidad pueden o no ser cercenadas, por el sistema institucional, en virtud de la crítica a su funcionamiento. La democracia requiere del análisis crítico de la oposición para que los gobernantes puedan ganar en confianza y gobernabilidad.
Entonces, ¿por qué negar el derecho a los ciudadanos y ciudadanas de cuestionar el sistema democrático y sus instituciones, si la vivencia y la construcción democrática en permanente son inherentes a la democracia misma?
Y como de desinformar es el asunto, cuando se cuestiona el funcionamiento de las instituciones democráticas, lo primero que hacen los dizque defensores de la democracia, es tildar a quienes les preocupa el funcionamiento de las mismas, como “antisistema”, o mejor dicho por la propaganda oficial, producto de respuestas locales ante “influencias malévolas” de Estados y personas seguidoras de las corrientes ideológicas de la “extrema izquierda”, tipo Ortega, Correa, Morales o Chavez-Castro. ¡Todos tienen en común que cuestionan la “muy noble, pacífica, justa y solidaria” política exterior del “paladín de la democracia”, el Señor de Señores del Bien, “el Señor Bush”!
Luego de tanto odio y “veneno comunista o antisistema” implantado por los Arias, pareciera que las “instituciones democráticas”, en nombre del deber de aceptar el destino histórico que nos impone el neoliberalismo y su globalización de la injusticia, se convierten en sujetos de obediencia ciega, tanto que, pasan a ser más importantes que los ciudadanos y ciudadanas, delegantes del Poder de decidir, en estricto apego a los principios de libertad y justicia. Al respecto y como de construir es el asunto, permítanme señalar algunas inconsistencias a quines descalifican, como demócratas, a los que criticamos las actuaciones de las instituciones democráticas:
Afirmación falsa de que un gobierno es democrático per se, por su surgimiento a partir de un proceso electoral. Afirmación falsa de que las decisiones de las instituciones democráticas son irrebatibles porque sus magistrados y funcionarios fueron designados conforme a ley, o actúan en el marco de sus competencias constitucionales y legales.
Afirmación falsa de que toda constitución y marco legal en un “país democrático” garantiza la libertad, la justicia y la equidad, por todos esperada.
Contradicción si las elecciones y el marco constitucional-legal dan fé de lo democrático y justo de un “sistema democrático”, entonces Adolfo Hitler , Hugo Chávez Frías y cualquier otro gobernante que utilice el Poder obtenido mediante elecciones democráticas, para apropiarse de las instituciones, en nombre de la Constitución y las leyes, modificándolas y utilizándolas su antojo, por si solos o con la ayuda de otros grupos políticos, económicos o sociales, puede hacerse llamar demócrata. Omisión del análisis de los preceptos constitucionales, las leyes específicas y en particular la forma como se eligen a los responsables institucionales, desde la perspectiva de la influencia de los Partidos Políticos, intereses personales y grupos de presión socio-económicos. Omisión de la prueba que demuestra que allegados de los Arias han sido nombrados en instituciones pilares del sistema democrático bajo el esquema de acuerdos políticos, entre los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana (hoy, también, del Movimiento Libertario y otros partidos minoritarios).
Afirmación según la cual se puede garantizar la neutralidad de las instituciones, cuando en ellas deciden sobre asuntos de intereses de los gobernantes y sus allegados, personas directamente relacionadas con sus Partidos, empresas, familias, socios y amigos.
Negación de la neutralidad de los y las gobernantes, principalmente del presidente, cuando el poder de legislar es traslado a los ciudadanos, con base en el instrumento del referéndum.
Fracaso al justificar los alcances del Reglamento del Referéndum, cuando de la aplicación del Código Electoral se trata, ya que en contrario a lo que el primero indica, se ha hecho norma el utilizar el Código única y exclusivamente, cuando favorece los intereses de los Arias y sus allegados, y cuando no es así, se procede a dar interpretaciones antojadizas, o inventar nuevas normas.
Contradicción según la cual el Presidente, Ministros, Viceministros y presidentes de las instituciones autónomas pueden utilizar recursos públicos, según criterios de discrecionalidad y racionalidad aplicables a la Administración Pública General, cuando lo sujeto de discusión es un proceso con todas las características institucionales, según el Reglamento de Referéndum, de un proceso electoral (dadas las referencias y participación de los Partidos Políticos).
Contradicción según la cual existen dos tipos de empleados públicos, los así llamados por la Procuraría General de la República Los Gobernantes y todos los demás, con las consecuentes definiciones y limites desiguales en el uso discrecional-racional de los recursos públicos en el proceso de referéndum.
Afirmación falsa de que se garantiza la libertad de expresión equitativa en los medios de comunicación y que el país garantiza el uso equitativo de los mismos y el pluralismo ideológico
Afirmación falsa de que los medios de comunicación son justos, equitativos e imparciales y contribuyen en el proceso de formación político-ciudadana, cuando la gran mayoría de estos pertenecen a los Arias y sus allegados, e que inclusive, cuando menos un representante de cada uno de los principales medios ocupa puestos de gobierno en la actual Administración Arias.
Negación de la Institucionalidad del Referéndum, cuando los Arias y demás miembros del Partido Único Neoliberal, confirmado por la mayoría mecánica de los 38 en la Asamblea Legislativa, afirman que las Leyes de Implementación del TLC, seguirán el trámite legislativo se apruebe el mismo o no en el Referéndum.
Afirmación tendenciosa de lo nocivo que representa para la democracia el cuestionamiento de las instituciones, cuando uno de sus principios básicos es el poder ciudadano, es decir el derecho del pueblo a cuestionar los funcionamientos institucionales y sus gobernantes, e inclusive a darse el tipo de gobierno que responda a sus intereses y necesidades.
Contradicción al mencionar las diferencias ideológicas, en relación con tipo de proyecto país a que aspiran diferentes ciudadanos, como una características de los “antisistema” o “antidemocráticos”.
Contradicción, según la cual los cuestionamientos al Tribunal Supremo de Elecciones, por sus actuaciones, carecen de fundamento, cuando una y otras veces, al tenor de intereses particulares o grupos políticos emiten interpretaciones, cuando inclusive eliminan la obligatoriedad de determinados instrumentos, para dar por válido uno u otro proceso electoral.
Omisión de todas las pruebas por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, que sugirieron el último proceso electoral la existencia de un fraude, cuando se “dieron por desaparecidas actas de recintos” y “padrones electorales”, y en su lugar se dieron como validas las elecciones, a partir de las papeletas de voto.
Omisión de las pruebas de beligerancia activa de los Arias en el proceso de referéndum, mediante y con la utilización de recursos públicos, tanto para realizar su trabajo de propaganda, como para comprometer el voto de los ciudadanos y ciudadanas.
Negación de la discusión como pilar de la democracia, al negarse el hoy Presiente de la República, antes, después y ahora a discutir el TLC, ante los ciudadanos y ciudadanas, con otros costarricenses apuestos a él.
Negación de la autonomía universitaria y de los principios de autodeterminación administrativa en el uso de recursos de los recursos asignados por el Estado, en razón de que las mayorías universitarias cuestionan a los y las gobernantes.
Omisión del testimonio de las personas objeto de represión policial, cuando se tratan de encubrir a los agresores o se descalifica la validez de los testimonios de los ofendidos.
Omisión de pruebas para respaldar la afirmación según la cual los responsables de la coordinación y organización de la Coordinadora Nacional del No al Referéndum responden a intereses externos y que inclusive reciben financiamiento de esos agentes.
Contracción entre los llamados a la paz, la armonía y la tolerancia mientras, con la ayuda de los medios de comunicación se desarrolla una campaña nacional de difamación, insulto y odio contra quienes se oponen al actual Proyecto de TLC.
En nombre del respeto de las instituciones democráticas, los Arias y sus allegados, hacen de la democracia un sistema cuya institucionalidad es incuestionable, y en consecuencia estática en el tiempo y el espacio. Afirman que el equilibrio entre los Poderes y su control mutuo, así como la plena vigencia del Estado de Derecho, se puede garantizar a partir de la “confianza” o principio de “buena fe”, inclusive si quienes toman las decisiones son ciudadanos y ciudadanas de reconocida trayectoria, compromisos y lazos con los y las gobernantes, y sus intereses.
La negación del derecho ciudadano de vivir la democracia, y en consecuencia, como construcción permanente, en nada se diferencia del concepto de democracia empleado por regimenes totalitarios de derecha e izquierda, así como de otros muchos dictadores en distintas partes del mundo que, inclusive, llamaron a las repúblicas objeto de gobierno Repúblicas Democráticas.
Vivir la democracia y observar sus instituciones con la certeza de que son perfectibles, moldeables y por tanto, “sujetos de aprendizaje”, a partir de la experiencia y el conocimiento de las organizaciones políticas, económicas, sociales y culturales debe ser, más que una “aspiración reprochable socialmente”, un derecho político de todos los ciudadanos. Esto por cuanto, el derecho a discutir en libertad, constituye la base y el fundamento, para vivir en paz y libertad, sin sentir que la justicia y la equidad pueden o no ser cercenadas, por el sistema institucional, en virtud de la crítica a su funcionamiento. La democracia requiere del análisis crítico de la oposición para que los gobernantes puedan ganar en confianza y gobernabilidad.
Entonces, ¿por qué negar el derecho a los ciudadanos y ciudadanas de cuestionar el sistema democrático y sus instituciones, si la vivencia y la construcción democrática en permanente son inherentes a la democracia misma?
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