Alan García está encontrando su oposición más fuerte, en los usos y costumbres de la administración pública. En 15 años se han formado unas estructuras burocráticas intermedias, relativamente permanentes, concebidas para acompañar pasivamente ("menos Estado") el auge macroeconómico y de la empresa privada, pero no para llevar adelante un proyecto de desarrollo con impacto social.
El gobierno partió de la premisa de que es posible mantener intacto el 100% de la estructura económica heredada, alojada en las islas de excelencia administrativa, IEA, del aparato estatal, y a la vez avanzar con el programa políticamente de centro y territorialmente descentralista ofrecido durante la campaña. La experiencia del primer año muestra que esa combinación no es tan fácil.
No se trata de una conspiración, sino de un sedimento de mala organización. Una misión del FMI viene descubriendo que hasta el MEF, por cierto una de las IEAs, ha heredado problemas para gerenciar la marcha interna de su personal y sus recursos. No es solo por la burocracia más antigua. Nuevas contrataciones terminan con las manos atadas por la organización y el espíritu de su centro de trabajo.
Lo que acaba de suceder con Ositrán y Proinversión en Puno es un botón de muestra revelado por la exasperación presidencial. Pero los casos de parálisis administrativa desde el Estado central conocidos son muchos, y hoy constituyen un importante factor de conflictividad. Allí está una de las explicaciones importantes de por qué la inversión social no está funcionando al ritmo esperado.
La barrera burocrática tiene muchos elementos. La simplificación administrativa sigue siendo indispensable, como en el primer día que se propuso. Decenio y medio de corrupción y anticorrupción potenciados han creado una cultura del temor a asumir responsabilidad. La combinación de feudos laborales inamovibles y nombramientos de favor político también ha hecho lo suyo.
El sentido común establecido sostenía que los principales reflejos bloqueadores de un desarrollo con impacto social serían el poder de las grandes empresas y la inoperancia de los gobiernos locales (región y municipio). Los hechos empiezan a contar una historia diferente. No solo en lo político las regiones están empezando a darle algunas importantes lecciones a Lima.
El problema es complejo. No es solo un asunto de reemplazar personas (que tampoco las hay tantas disponibles) o de modificar estructuras. Es toda una cultura del aparato estatal que es preciso modificar, y para el gobierno los plazos son angustiantes. Es preciso recuperar para el burócrata el rol en el desarrollo del que el neoliberalismo lo privó con la llegada de los años 90.
Fuente: La República
Fecha: 24-6-07
El gobierno partió de la premisa de que es posible mantener intacto el 100% de la estructura económica heredada, alojada en las islas de excelencia administrativa, IEA, del aparato estatal, y a la vez avanzar con el programa políticamente de centro y territorialmente descentralista ofrecido durante la campaña. La experiencia del primer año muestra que esa combinación no es tan fácil.
No se trata de una conspiración, sino de un sedimento de mala organización. Una misión del FMI viene descubriendo que hasta el MEF, por cierto una de las IEAs, ha heredado problemas para gerenciar la marcha interna de su personal y sus recursos. No es solo por la burocracia más antigua. Nuevas contrataciones terminan con las manos atadas por la organización y el espíritu de su centro de trabajo.
Lo que acaba de suceder con Ositrán y Proinversión en Puno es un botón de muestra revelado por la exasperación presidencial. Pero los casos de parálisis administrativa desde el Estado central conocidos son muchos, y hoy constituyen un importante factor de conflictividad. Allí está una de las explicaciones importantes de por qué la inversión social no está funcionando al ritmo esperado.
La barrera burocrática tiene muchos elementos. La simplificación administrativa sigue siendo indispensable, como en el primer día que se propuso. Decenio y medio de corrupción y anticorrupción potenciados han creado una cultura del temor a asumir responsabilidad. La combinación de feudos laborales inamovibles y nombramientos de favor político también ha hecho lo suyo.
El sentido común establecido sostenía que los principales reflejos bloqueadores de un desarrollo con impacto social serían el poder de las grandes empresas y la inoperancia de los gobiernos locales (región y municipio). Los hechos empiezan a contar una historia diferente. No solo en lo político las regiones están empezando a darle algunas importantes lecciones a Lima.
El problema es complejo. No es solo un asunto de reemplazar personas (que tampoco las hay tantas disponibles) o de modificar estructuras. Es toda una cultura del aparato estatal que es preciso modificar, y para el gobierno los plazos son angustiantes. Es preciso recuperar para el burócrata el rol en el desarrollo del que el neoliberalismo lo privó con la llegada de los años 90.
Fuente: La República
Fecha: 24-6-07
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