GARCIA MAJAZdero

Es claro que la consulta sobre Majaz camina sobre ruedas y se impregnade respaldo ciudadano. Sin embargo, el gobierno de García quiereconvencernos que esta consulta es ilegal. -Mira García si no te gustatómalo como una encuesta-. Pero en el fondo lo que le molesta algobierno es que haya quienes creen que la Nueva Minería tiene lasmanos sucias de una pésima gestión ambiental de sus impactos y suspasivos, que no han variado mucho desde la designación en 1992 delMinisterio de Energía y Minas como la autoridad ambiental en el tema,responsable de supervisar y autorizar las licencias ambientales.

Lo que ocurre también es que las poblaciones han ido perdiendo la feen la participación ciudadana gracias a la evidente alianza entre laautoridad 'neutral' del Estado y las industrias extractivas como laminería. –Si no escuchemos a Garcia, Del Castillo y el JNE-. Mientrasla participación sea observación sin capacidad de influir en ladecisión, entonces no es participación. Y eso es lo que ocurre una yotra vez cuando los ciudadanos se presentan ante el MINEM parapreguntar si hay alguien que escuche sus demandas sobre la valoraciónde sus tierras, la valoración de los impactos de la minería o lacautela de sus derechos como terceros en el proceso administrativo.

García levanta la voz porque lo azuza la SNMPE a cambio de lacontribución generosa de dos mil millones de dólares. Pero tambiénlevanta la voz porque es una señal que está perdiendo su guerra contralas ONGs, esa guerra que tanto sirve a los intereses de la SNMPE. Latriple agenda de la Ley anti ONGs, la derogatoria de la legislaciónsobre áreas de conservación municipal y la apertura de investigacióncontra activistas ambientales. Sin embargo, la razón del derechoparece darle la espalda a García. El Tribunal Constitucional en lasentencia de los expedientes acumulados 0009-2007-PI/TC y0010-2007-PI/TC declaró fundada en parte la demanda deinconstitucionalidad interpuesta por más de 5,000 ciudadanos y ungrupo de congresistas de la república contra diversos artículos de laLey 28925, Ley que modifica la Ley 427692, Ley de creación de laAgencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y la Ley 28875,Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación. El gobierno de García sufre del síndrome de Tambogrande, el temor aque los campesinos y ciudadanos puedan expresar su opinión libremente.Opinión que se deriva de la experiencia. La minería no es un suenosino que es una realidad concreta en el Perú. Una realidad que secuenta en miles de millones de dólares para las empresas y susaccionistas, decenas de millones para gobiernos regionales en algunoscasos, pero se cuenta también en derrames como Choropampa, y eneventos cotidianos de contaminación que acumulados hacen que la tannecesaria minería se explote de manera tal que se causa una grancatástrofe ambiental en la mayoría de casos. Catástrofe que se vivesobre todo a nivel local, a nivel del usuario al que el agua acida lequema los cultivos o la piel. Ahora bien debería haber un procedimiento que ayude a zanjarposiciones y a obtener una adecuada cautela del interés público yprivado. Mas aun debería haber una autoridad ambiental independienteque asegure que los limites máximos permisibles de contaminación seanmas cercanos a los estándares recomendados para la salud humana y no aaquellos que hacen rentable el uso de tecnologías ya descartadas enotros países. Pero no hay nada de eso Señor García. Por eso como se lodijo la Defensora del Pueblo al Congreso, la ausencia de una autoridadambiental independiente es una de las fuentes de los conflictossocioambientales. He ahí una tarea pendiente si quiere evitar futurosTambogrande y Majaz en su gestión. Democratice la gestión de losrecursos naturales y establezca un procedimiento que cautele losintereses de los todos los involucrados en el proceso minero y no sololos intereses de los accionistas de las empresas mineras. Haga que lasmineras paguen su supervisión como lo hacen las empresas eléctricas.Acuérdese que Ud. es el presidente de todos los peruanos y, de acuerdoa la Constitución, debe respetar los derechos ambientalesconstitucionales que nos obligan a todos a un desarrollo sostenible.

Carlos Soria, Ph.D.